El día miércoles 2 de octubre del presente año, el Diario La Hora
publica una entrevista realizada al señor Polivio Pérez en la cual se emiten
algunos criterios reñidos con la verdad,
lo cual obliga a esta Gobernación a hacer algunas aclaraciones.
En primer lugar, el señor Pérez dice que los funcionarios de
ENAMI-EP intentaron ingresar a la zona del proyecto Llurimagua de manera
ilegal. Esto es falso. Los funcionarios de la ENAMI se han dirigido a la
población de Junín utilizando las vías públicas, a plena luz del día y en
vehículos tanto particulares como institucionales. Nada de esto constituye una
ilegalidad.
Quienes están obrando ilegalmente son el señor Polivio Pérez, los
señores Ramírez, un par de extranjeros cuya situación migratoria presumimos
irregular, y unos pocos pobladores de la zona que han impedido el ingreso de
dichos funcionarios. Esta actitud viola los principios de libre circulación por
el territorio nacional. Es importante, al respecto, que los señores que han
adoptado esta actitud sepan que en el territorio de la provincia de Imbabura
existen autoridades y leyes y que no permitiremos que ningún ciudadano viole
impunemente la ley.
El gobierno nacional respalda el ingreso de ENAMI a la zona del
proyecto Llurimagua y llamamos cordialmente a la sensatez de los pocos
pobladores opuestos a la minería para que se abstengan de cometer ilícitos. Si
de nuevo se obstaculiza el libre tránsito por las vías públicas, tomaremos las
medidas pertinentes de acuerdo a la ley.
En segundo lugar, el señor Pérez se permite señalar que existe
“desinformación por parte del Presidente de la República, pues quienes están
llevando adelante este proceso (sic) son las trasnacionales”. En este proyecto,
señor Pérez y ciudadanos, no existen transnacionales. Quien se encuentra al
frente del proceso es una empresa nacional pública, la Empresa Nacional Minera
(ENAMI), en consorcio con otra empresa
también estatal, CODELCO, que pertenece al Estado chileno. Aquí no existen
trasnacionales privadas que buscan millonarias utilidades para su
enriquecimiento particular. El señor Polivio Pérez lo sabe muy bien y por eso
sus declaraciones son de mala fe.
En tercer lugar, es falso que “de las diez comunidades que se
encuentran dentro de la zona de influencia del proyecto minero Llurimagua, siete están en contra de
la minería”. Esto es falso. Según los informes presentados por los promotores
gubernamentales y los técnicos de la ENAMI - información que fue públicamente
difundida por el compañero Presidente en el Enlace Ciudadano No. 341 - de las
14 comunidades de la zona de influencia,
solo la de Junín se ha manifestado en contra.
Es más, hasta la Gobernación se han acercado varios propietarios
de terrenos de esta comunidad a protestar por la actitud de los ecologistas que
impiden ser debidamente informados.
En cuarto lugar, advertimos a los extranjeros que se encuentran en
la zona cometiendo actos ilegales como participar en el cierre de carreteras,
que no permitiremos como gobierno que se viole la ley ni que se nos diga lo que
tenemos que hacer o dejar se hacer en nuestro propio territorio.
Finalmente, quisiera hacer un llamado a la prensa y, apelando a su espíritu
profesional, solicitar a los señores periodistas se dignen verificar el
contenido de sus noticias, pues en su mayoría las que provienen de los
ecologistas de oposición son falsas y/o malintencionadas.
Marcelo
Villamarín
Gobernador de
Imbabura
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